Fijan penas de hasta 70 años y endurecen causales contra agresores

Eliminan beneficios penales y declaran imprescriptibles las sanciones

El marco penal de la nueva Ley General establece candados procesales estrictos para cerrar el paso a la impunidad en los casos de violencia letal de género. Con base en la propuesta remitida al Congreso de la Unión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal precisó los alcances técnicos de la homologación del tipo penal, definiendo de manera uniforme las conductas, los contextos de vulnerabilidad y el catálogo de agravantes que los jueces deberán aplicar de forma obligatoria.

Tipicidad penal, sanciones y causales de incremento en este 2026

La redacción del texto normativo establece textualmente que comete la infracción la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género. Durante este mes de julio de 2026, las áreas periciales y ministeriales deberán ceñirse a los siguientes criterios de dosimetría penal aprobados en el proyecto:

• Pena Base: Prisión ordinaria que oscila entre los 50 y los 70 años de privación de la libertad.

• Razones de Género: Se tipifican 10 supuestos específicos de acreditación, entre los que se incluyen signos de violencia sexual, antecedentes de violencia familiar, crímenes motivados por estereotipos o prejuicios, y contextos de asimetría de poder.

• Agravantes Técnicas: Se incorporan 19 causales que incrementan la pena en una mitad, aplicables si la víctima se encontraba embarazada, vivía con alguna discapacidad, o si era periodista, defensora de los derechos humanos o migrante. También aplica si el agresor es servidor público o si se emplearon ataques con ácido o sustancias inflamables.

Eliminación de beneficios procesales y pérdida de derechos civiles

La nueva arquitectura legal suprime cualquier margen de discrecionalidad judicial que permitiera reducir las condenas de los agresores. Queda explícitamente prohibida la aplicación de excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio, asegurando que el crimen, su respectiva sanción punitiva y la correspondiente reparación integral del daño sean figuras jurídicas imprescriptibles.

Adicionalmente, los veredictos condenatorios dictados bajo estas reglas de 2026 contemplan sanciones civiles accesorias e inmediatas para los responsables. El infractor perderá en su totalidad los derechos sucesorios, así como la tutela, curatela, guarda, custodia y el ejercicio de la patria potestad sobre los menores de edad afectados indirectamente. Asimismo, en caso de pertenecer a alguna estructura gubernamental, el sentenciado será destituido e inhabilitado de forma permanente para el desempeño de cualquier función pública, cancelando la viabilidad de criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada o amnistías de cara al segundo semestre de este 2026.