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Exige Comisión Iberoamericana frenar retrocesos en el IMSS

Foto del escritor: Alberto Skewes
Alberto Skewes
23 oct
2 min de lectura
Exige Comisión Iberoamericana frenar retrocesos en el IMSS

Alertan por violaciones a la progresividad y al mínimo vital con modificaciones a la Modalidad 40 del IMSS


La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) manifestó su profunda preocupación por las recientes modificaciones normativas aplicadas a la Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), formalizadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).


A través de un boletín institucional, el organismo advirtió que los ajustes —que incluyen incrementos en las cuotas y nuevos criterios de cálculo— vulneran los derechos de los trabajadores amparados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, atentando contra su estabilidad financiera.


"El acceso a una pensión justa no es una dádiva ni un privilegio; es un Derecho Humano fundamental que no puede ser objeto de retrocesos que atenten contra el mínimo vital y la dignidad", enfatizó la CIDHPDA.

Vulneraciones a los derechos y peticiones al Gobierno Federal


  • Impacto en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA): La comisión señaló que entorpecer el esquema de aportaciones voluntarias contraviene compromisos internacionales como el Protocolo de San Salvador y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.


  • Violación a la progresividad: Se recalcó que el Artículo 1º de la Constitución Mexicana y el Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben emitir medidas reglamentarias regresivas sobre derechos ya alcanzados.


  • Mesa de diálogo social: La CIDHPDA solicitó al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a la Dirección General del IMSS instalar mesas de trabajo para reconsiderar las disposiciones.


  • Respeto a derechos adquiridos: Exigió no aplicar cambios retroactivos a personas que ya iniciaron o proyectaron sus esquemas de pago, junto con la realización de un diagnóstico previo de impacto social.

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