Fortalece el Gobierno federal a Talleres Gráficos de México


Se consolida como organismo público descentralizado enfocado en la producción electoral y oficial
Con el propósito de consolidar a los Talleres Gráficos de México (TGM) como un organismo público descentralizado dotado de mayor transparencia, vigilancia y capacidad de producción, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el decreto oficial que establece su plan de fortalecimiento. La estrategia busca concentrar la impresión gubernamental, optimizar recursos y homologar precios para las entidades federativas y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante la conferencia matutina, se destacó que TGM produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025, además del líquido indeleble desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, persistía una alta dependencia de proveedores privados en el ámbito local, donde el 59 por ciento de los OPLE adquirieron sus boletas mediante licitaciones o adjudicaciones directas externas.
Fases de implementación y cambios estructurales en Talleres Gráficos de México
El plan de transformación se llevará a cabo en dos etapas clave:
Fase 1 (noviembre de 2026 a junio de 2027): Se fortalece al organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la ampliación de su Junta de Gobierno de 5 a 7 integrantes, incorporando a la Segob —que la preside—,la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y tres consejeros independientes. Asimismo, se designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular de TGM.
Consejos independientes: Se integran perfiles de gran trayectoria como Ángel Eustorgio Rivera González (IPN),Raúl Juan Contreras Bustamante (UNAM) y Josefina Cortés Campos (Tecnológico de Monterrey).
Fase 2 (julio de 2027 a 2030): Se contempla la formulación de la Ley de la Imprenta Nacional de México con mandato exclusivo para material electoral y de seguridad, reformas a la LGIPE, la modernización de infraestructura y la puesta en operación de una planta propia entre 2028 y 2030.
Controles estrictos y combate a la opacidad
El decreto implementa medidas rigurosas de fiscalización y rendición de cuentas, entre las que destacan:
Creación de un padrón público de contratistas y proveedores con evaluación técnica, material y financiera.
Implementación de un registro público en datos abiertos sobre los contratos, convenios y procesos de ejecución.
Solicitud obligatoria de una auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Prohibición total de contratar a empresas sancionadas, observadas por la ASF, emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio o con impedimentos legales.




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