Propondrá Sheinbaum prohibir la doble nacionalidad para candidaturas

Enviarán iniciativa para la Presidencia y gubernaturas del país

Con la intención de blindar la soberanía nacional y priorizar el interés de la patria en los cargos de alta responsabilidad ejecutiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión sobre doble nacionalidad para la Presidencia y gubernaturas.

Durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", la titular del Ejecutivo Federal precisó que la propuesta obligará a quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas o a la Jefatura de Gobierno a renunciar de manera formal a cualquier otra nacionalidad que posean al momento de solicitar su registro.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad. Queremos garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado del mundo”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Claridad constitucional y requisitos para la titularidad del Ejecutivo

La mandataria federal expuso las razones normativas y los criterios que fundamentan esta iniciativa legislativa:

• Atención a vacíos legales: Sheinbaum Pardo señaló que el marco constitucional actual no establece con claridad la renuncia obligatoria previa a la candidatura en casos de doble nacionalidad, antecedente que ya se ha presentado en distintas gubernaturas del país.

• Protección soberana: La medida responde a la necesidad de prevenir injerencias externas y asegurar que las y los gobernantes prioricen de manera absoluta el bienestar de México.

• Criterios del Artículo 82 constitucional: La Jefa del Ejecutivo recordó que el marco vigente exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos al momento de la elección y haber residido en el país el año previo. Asimismo, prohíbe la pertenencia al estado eclesiástico, el servicio activo en fuerzas armadas o Guardia Nacional seis meses antes del proceso, y restringe el parentesco directo con quien ejerza la Presidencia.