Secretaría Anticorrupción refuerza la Plataforma Nacional de Transparencia

Impulsan la Plataforma Nacional de Transparencia, decreto hoy

Con el objetivo de garantizar una rendición de cuentas proactiva y sin burocracia, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló los alcances para la Plataforma Nacional de Transparencia decreto recientemente firmado por el Ejecutivo. La medida busca que las instituciones publiquen información de interés social de forma mensual, superando los mínimos requeridos por la ley.

Como parte de los trabajos técnicos, la PNT fue estabilizada e incorporó nuevas herramientas para la descarga masiva de datos y formatos simplificados. Buenrostro anunció que en un plazo no mayor a 30 días hábiles se integrarán contenidos actualizados para facilitar la consulta de la ciudadanía.

“Con este Decreto no solo se simplificarán las 17 causales de reserva de interés público y seguridad nacional, sino que se dará prioridad a la publicación de versiones públicas y de carácter estrictamente temporal”, precisó la funcionaria.

Las 4 áreas estratégicas de apertura gubernamental

La implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia decreto centra sus acciones en cuatro pilares de fiscalización y acceso público:

• Contrataciones públicas: Publicación obligatoria y mensual de la totalidad de los contratos del gobierno.

• Filiales de Pemex y CFE: Apertura de estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, políticas de operación y gobierno corporativo.

• Fiscalización y auditorías: Difusión del Programa Anual de Fiscalización, informes sobre el seguimiento de observaciones de los órganos internos de control y padrón de despachos externos.

• Pacto federal: Invitación abierta a estados, municipios y a los Poderes Legislativo y Judicial a sumarse al modelo.

Reformas a la Ley General de Transparencia

Finalmente, la secretaria Anticorrupción informó que los lineamientos impulsados por esta norma se integrarán de forma paralela en la propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia, la cual se trabaja en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para consolidar un marco normativo permanente.